Pensar que un gran número de inversionistas ha puesto millones de dólares en cientos de empresas que se verían afectadas, ante la imposición de medidas para disminuir drásticamente las emisiones de los gases de invernadero, pondría a temblar a más de un país.
Esta podría parecer una apología para las grandes empresas que dependen en mayor o menor medida de la explotación del carbón, y una excusa para retrasar aún más los acuerdos internacionales. Sin embargo, países como el Reino Unido, cuya producción minera sustenta el doce por ciento de su economía, tendría un impacto negativo inmediato.
Dicho de otra forma, el valor de una empresa que se dedica a la explotación del carbón, se ha inflado con base en la cantidad de reservas que dicha empresa dice poseer de este mineral. Si esta empresa cierra súbitamente, el valor potencial que mantenía desaparecería con ella. Llevándose consigo, a los inversionistas y a las empresas cuyo motor económico dependía del uso del carbón.
Lo mismo sucedería con las compañías dedicadas a la explotación del gas natural y el petróleo. Estaríamos enfrentando un gran dilema, al tener que elegir entre una posible catástrofe climática debida al calentamiento global, a largo plazo o una catástrofe económica indefinida.
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