A principios de mayo, hubo una gran movilización con miles de personas que marcharon hacia el Parlamento del gobierno argentino, para pedir que se despenalice el consumo de la marihuana.
Una de las peticiones específicas era la de diferenciar a las personas que consumen marihuana de las personas que se dedican a traficar con ella. Dicho en otras palabras, la intención es marcar la diferencia entre las personas que planten y produzcan marihuana para uso personal y las que obtienen un beneficio económico por ella.
Esta distinción tendría sentido si el problema radicara en que el Estado estuviera tratando de impedir sólo la venta ilícita de droga y no se buscara evitar su consumo por el problema que representa para la salud. Por desgracia la situación es más compleja.
Dos meses antes, el senador Aníbal Fernández había presentado un proyecto de ley que sugería la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Bajo la premisa de que los consumidores de algún tipo de droga padecen una enfermedad y que esta debe ser resuelta por el Estado. Sin olvidar que la pena por posesión de droga, puede alcanzar hasta los quince años de prisión en este país.
