Cuando se habla de hipotecas, se piensa que el factor determinante para que funcionen, radica en el compromiso del cliente de no suspender sus pagos hacia el banco que le ha concedido un préstamo o crédito.
Sin embargo, la normatividad respecto a la elección de créditos que un banco puede aprobar, tiene un mayor peso para evitar problemas eventuales con el uso de esta herramienta de financiamiento.
Por ejemplo, una familia que obtiene un ingreso mínimo para costear el financiamiento de una casa, no tendría menos derechos para acceder a este crédito que una familia que gane tres veces ese sueldo. Aún así es importante que tanto los bancos como el gobierno, que son las entidades que normalmente ofrecen este servicio, tomen en cuenta que existen sectores económicamente vulnerables y que estos pueden llegar a requerir una opción para reestructurar su deuda. Así, en caso de no poder cumplir su compromiso con el banco, tendrían alternativas para recuperar su financiamiento sin caer en el desahucio.
Lograr esto sin conducir a las personas a perder la cultura de pago es un reto que enfrentan varios países.
Por otro lado, los bancos deben evitar otorgar créditos a clientes que no puedan pagarlos, como ocurrió con los bancos españoles, que comenzaron a liberar créditos para una segunda hipoteca, cuando los clientes aún no habían terminado de pagar la primera.
En España, para tratar de estimular la adquisición de viviendas después de la crisis económica, se tomó la medida drástica de eliminar las deducciones fiscales que esto implica, sin embargo, actualmente pesa mucho más la dificultad para acceder a la financiación que el incentivo fiscal prometido.
En pocas palabras, una postura fija y responsable por parte del que solicita el crédito, así como del banco que la otorga, evitaría pérdidas para ambas partes. Ayudando al cliente a tener claras sus responsabilidades y el banco sabría que a largo plazo, ese no será un crédito impagable que derive en una gradual depreciación de las hipotecas.
