Derechos suicidio asistidoAunque la eutanasia está prohibida en Suiza, el suicidio asistido es legal, siempre y cuando no haya intereses egoístas involucrados. Sin embargo, los opositores temen que las personas vulnerables podrían verse obligadas a poner fin a su vida de esta manera.

Por esta razón, los investigadores de la Universidad de Brena, analizaron los factores socioeconómicos ligados al suicidio asistido.

Los investigadores, encontraron que el suicidio asistido es más común en las mujeres y en los grupos que pueden demostrar una mayor vulnerabilidad, como las personas que viven solas o que están divorciadas. A pesar de esto, el equipo también encontró que las personas con educación superior y una posición socioeconómica más alta, también eran propensas a optar por el suicidio asistido.

Ahora bien, mientras que la eutanasia implica a un médico, tomando un papel activo para ayudar a un paciente a morir, el suicidio asistido significa que el médico sólo pone los medios letales a disposición del paciente para su uso, cuando él o ella lo elijan.

El suicidio asistido es ilegal en la mayoría de los estados de Norteamérica. Sin embargo, en Suiza, el papel de los médicos consiste en evaluar si el paciente que solicita asistencia, tiene la capacidad de tomar una decisión informada para prescribirle el fármaco letal. Todo esto sin la necesidad de que la persona tenga una enfermedad terminal en Suiza.

Sin embargo, en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pidió a Suiza que dejara claras las condiciones en que los pacientes que no sufren enfermedades terminales, deben tener acceso al suicidio asistido.

La investigación mostró que el suicidio asistido es más común en las mujeres que en los hombres, en las personas con un mayor nivel educativo, aquellas que viven solas o que no tienen alguna afiliación religiosa. Sin mencionar que las tasas más altas fueron en las zonas urbanas y en los barrios ricos.

Dentro de los posibles cambios que se realizarían en cuanto a la regulación del suicidio, está una nueva reglamentación que ordene el registro anónimo de los suicidios asistidos en una base de datos especial, donde se incluyan los datos y las características del paciente y otras causas subyacentes. De forma que los suicidios asistidos por el ‘derecho a morir’ puedan ser monitoreados.

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